Gobierno indio - Principios rectores
Introducción
En la Constitución se incluye una lista de pautas de política conocida como “los principios rectores de la política estatal” (DPSP).
Estas directrices son "injustificables", es decir, partes de la Constitución que el poder judicial no puede hacer cumplir.
Objetivos de DPSP
Los siguientes son los objetivos importantes de DPSP:
Bienestar del pueblo; Justicia social, económica y política;
Elevar el nivel de vida; distribución equitativa de recursos;
Promoción de la paz internacional.
Políticas de DPSP
Las siguientes son las políticas importantes de DPSP:
Código civil uniforme;
Prohibición del consumo de licor alcohólico;
Promoción de industrias artesanales;
Prevención de la matanza de ganado útil;
Promoción de panchayats de aldea
Derechos no justificables de DPSP
Los siguientes son los principales derechos no justificables de DPSP:
Sustento adecuado;
Salario igual por trabajo igual para hombres y mujeres;
Derecho a la explotación económica;
Derecho al trabajo; y
Atención y educación de la primera infancia a menores de seis años.
Diferencia entre DPSP y FR
A continuación se presentan las principales diferencias entre los Derechos Fundamentales y los Principios Directivos de la Política de Estado:
Los derechos fundamentales protegen principalmente los derechos de las personas, mientras que los principios directivos garantizan el bienestar de toda la sociedad.
Los Derechos Fundamentales son justificables y pueden ser reclamados ante los tribunales, mientras que los Principios Rectores de la Política de Estado no pueden ser aplicados por el poder judicial.
Los Derechos Fundamentales impiden que el gobierno haga ciertas cosas, mientras que los Principios Directivos de la Política de Estado insisten en que el gobierno haga ciertas cosas.
En cuanto al derecho a la propiedad, la Constitución dejó en claro que el gobierno puede quitar la propiedad para el bienestar público.
En 1973, la Corte Suprema dictó la decisión de que el derecho a la propiedad no formaba parte de la estructura básica de la Constitución y, por lo tanto, el Parlamento tiene el poder de limitar este derecho mediante una enmienda.
En 1978, la 44a enmienda a la Constitución eliminó el derecho a la propiedad de la lista de derechos fundamentales y lo transformó en un derecho legal simple en virtud del artículo 300 A.